Irregularidades por 64 mmdp en Cuenta Pública 2021, ASF

Irregularidades por 64 mmdp en Cuenta Pública 2021, ASF

febrero 20, 2023 Desactivado Por Edgar Amigón Dominguez

Al entregar la tercera parte de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, el titular del organismo, David Colmenares Páramo, informó que se realizaron 2 mil 050 auditorías, de las cuales 5,478 son acciones y observaciones.

De esta última cifra, 2,317 son recomendaciones, 115 promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 181 solicitudes de aclaración, 1,564 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionadora y 1,301 pliegos de observaciones.

En total se detectaron irregularidad por un total de 64 mil millones de pesos, de los cuales se recuperaron 2 mil 994millones de pesos y falta por obtener 61 mil 840 millones de pesos.

En su mensaje, el titular de la Auditoria Superior de la Federación dijo que la fiscalización a estados y municipios tiene una relevancia cuantitativa y un peso específico que conviene examinar con mayor detalle.

“En efecto, del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2021, el mayor porcentaje se llevó a cabo sobre estos órdenes de gobierno.

Ello no es casual, agregó, ya que entre el 90 y 95 por ciento de los ingresos estatales provienen del esfuerzo recaudatorio federal, no solo por la firma histórica del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, también por la baja recaudación de la mayoría de las entidades federativas, y en el caso municipal del impuesto predial.

“Esta situación provoca que el monto de los recursos de origen federal que se canaliza hacia los estados y municipios, sea cada vez más elevado, propiciando su dependencia y por tanto ampliando el universo de recursos a fiscalizar”, destacó.

Para el titular de la ASF, la fiscalización a estados y municipios tiene una relevancia cuantitativa y un peso específico que conviene examinar con mayor detalle. En efecto, del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2021, el mayor porcentaje se llevó a cabo sobre estos órdenes de gobierno.

Ello no es casual, dijo y añadió que entre el 90 y 95 por ciento de los ingresos estatales provienen del esfuerzo recaudatorio federal, no solo por la firma histórica del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, también por la baja recaudación de la mayoría de las entidades federativas, y en el caso municipal del impuesto predial.

Estimó que esta situación provoca que el monto de los recursos de origen federal que se canaliza hacia los estados y municipios, sea cada vez más elevado, propiciando su dependencia y por tanto ampliando el universo de recursos a fiscalizar.

“No omito que los recursos de origen federal transferidos a los estados y municipios, equivalen a una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que refuerza la apreciación señalada de fuerte dependencia, de estos dos órdenes de gobierno, de las transferencias de origen federal”, expresó.

Ello tiene que ver también, indicó, con la situación de pobreza y de alta marginación de la mayor parte de los municipios de nuestro país.

Para Colmenares Páramo los ingresos municipales en México están muy por debajo de los estándares universales, por tres temas: la dificultad de generar acuerdos en el cobro de impuestos en el orden municipal, la indiferencia recaudatoria y por supuesto la pobreza.

En los últimos años, los estados y Municipios han recibido más recursos participables respecto a lo estimado. Parte de la crisis fiscal de algunos, es el ineficiente y a veces poco claro manejo de los recursos de origen federal que reciben. Por supuesto, hay excepciones.

“Asimismo, en la economía global -México no ha sido la excepción- se han aplicado modelos económicos regresivos, basados en los impuestos al consumo, que hacen que lo mismo contribuya a la hacienda pública el más rico, que el más pobre, lo que genera inequidades profundas, lo cual amplia la dependencia de las transferencias de recursos federales”, expresó.

No hay que olvidar que las participaciones federales se consideran ingresos propios de libre disponibilidad, cuyo gasto es determinado por los Congresos locales.

Sin embargo, al ser recursos de origen federal, las participaciones son fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, quien audita su correcta aplicación y transferencia a los municipios. Las fórmulas estatales son definidas por los Congresos locales y son diferentes entre sí y, algunas de ellas, muy discutibles.

“Como lo hemos planteado en otros foros, no puede el esfuerzo fiscal de un sólo orden de gobierno -el federal- sostener a los 32 estados y cerca de 2,500 municipios, sino que es necesario que estos fortalezcan sus facultades recaudatorias y gasten mejor”, concluyó.

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