Diputados Prohíben Descuentos de Apoyos Económicos por Parte de Bancos
septiembre 29, 2022La Cámara de Diputados avaló el dictamen mediante el cual se establece que no podrán retenerse, descontarse o realizar deducciones de apoyos económicos, pensiones y becas por parte de particulares.
Solamente, dice el documento, se podrán realizar mediante juicios seguidos ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimiento aplicables.
La Diputada Aleida Alavez Ruiz, expone que la inclusión financiera de la población se ha dificultado, porque exige un aprendizaje e implementación que han sido muy lentos en nuestra sociedad.
Agrega que las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, frecuentemente son víctimas de prácticas o cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión que impulsan las instituciones financieras para brindarles sus servicios, lo cual deja a sus clientes en estado de indefensión.
“Los contratos de servicios financieros de adhesión que impulsan las instituciones financieras, por lo común prevén su facultad para descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por alguna obligación de pago, no importando que el origen de los recursos, incluso, provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la ley contra embargos”, de acuerdo con el documento.
Cita que, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con las entidades financieras para el uso de productos o servicios financieros, se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso dejan en riesgo su patrimonio.
“A estas cláusulas se les denomina cláusulas abusivas, ya que disponen de los recursos de los clientes a través de retenciones, descuentos y otras figuras”, indica.
De acuerdo con el dictamen, la política social en nuestro país, desde el año 2000, ha tenido un auge por reconocer derechos a los ciudadanos a través de la entrega directa de apoyos gubernamentales para superar la pobreza y desigualdad social.
Como ejemplo de lo anterior se cita el caso de la Ciudad de México, que en marzo de 2001 entregó la primera pensión no contributiva a favor de las personas mayores a través de una tarjeta electrónica para la compra de productos básicos.
Para este efecto las administraciones de los tres órdenes de gobierno realizaron la transferencia de este tipo de apoyos a través de las instituciones financieras, sin embargo, a esta mecánica de entregas de apoyos fueron aparejados las prácticas y usos financieros, para los cuales la población vulnerable no está preparada para enfrentarlos.
“Así, han aparecido fenómenos sociales como la cartera vencida de créditos al consumo, ante la indiscriminada oferta de tarjetas de crédito sin las debidas advertencias y cuidados por parte de las instituciones financieras, ni una cultura financiera sólida”, dice la iniciativa.
Ante esta situación se propone establecer un esquema de protección a los sectores más vulnerables, y evitar que los recursos que se destinan a ejercer las garantías contenidas en el artículo 4o constitucional a favor de las personas mayores, personas con discapacidad, estudiantes, y otros que se otorguen por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social, no sean afectados ilegítimamente.
