Aprueban Diputados Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley General en materia de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es establecer las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El documento se devolvió al Senado de la República para analizar las modificaciones.

El dictamen a la minuta refiere que la ley tendrá por objeto sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

También el desplazamiento de bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad, que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial         

Se establece que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en la materia, de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores de la sociedad en la materia, a fin de cumplir los objetivos y principios, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional y los instrumentos de planeación específicos.

Destaca que la movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia.

La seguridad vial, subraya, es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos.

Señala que las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones deberán garantizar que la movilidad esté al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación de género, edad, discapacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares.

Durante el debate se aceptaron las reservas presentadas por el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) para modificar los artículos 3, 31, 44, 48 y 52, las cuales tienen el objetivo de mejorar y fortalecer la Ley General en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Borrego Adame dijo que resulta indispensable realizar diversas precisiones al nuevo marco normativo a fin de garantizar el derecho a la movilidad e impulsar la competitividad nacional. Es necesario, dijo, establecer normas y procesos modernos que eviten acciones discrecionales, regulaciones y cobros excesivos o adicionales que afecten a la economía de las personas.    

Se incorporó en la fracción XXXVIII del artículo 3 la definición de “Persona Permisionaria: Persona física o moral autorizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para prestar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo, o transporte privado de personas o cosas, o para operar o explotar servicios auxiliares, en las vías generales de comunicación, que para el cumplimiento de sus fines transita en vialidades de jurisdicción federal, estatal o municipal”.

Se agregó la palabra “gravar” en la fracción IX del artículo 31 para establecer que, entre los criterios de movilidad y seguridad vial, estará el evitar “gravar” y sobre regular los servicios de autotransporte federal.

En el artículo 48, respecto a modalidades a la circulación de vehículos, se señala que: La regulación y ordenamiento de la circulación se podrán aplicar considerando el impacto vial y ambiental de cada tipo de vehículo, dando preferencia a vehículos eficientes, “sin que ello implique tramitar la expedición de permisos adicionales para la movilidad de bienes y mercancías”.

Mientras que en el artículo 44, Control de Servicios de Transporte, se indica que: Los instrumentos de control expedidos para la operación de servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, incluyen la cobertura en vías de jurisdicción estatal y municipal, por lo que las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México no podrán sobre regularlos, “ni gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su demarcación territorial, así como tampoco podrán prohibir la entrada o salida a su territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera”.

Se adicionó el párrafo IV del artículo 52, para indicar que las licencias de conducir que expidan las autoridades competentes podrán ser impresas en material plástico o de forma digital mediante aplicaciones tecnológicas, mismas que permitirán la acreditación de las habilidades y requisitos correspondientes para la conducción del tipo de vehículo de que se trate y tendrán plena validez en territorio nacional.

También se aceptó la reserva del diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) al artículo 7 del dictamen, para que en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial se incluya a la Secretaría de Economía, lo que abonará a fortalecerlo.

Guajardo Villarreal indicó que la dependencia debe estar en la definición y planeación de la tecnología y el desarrollo de los nuevos vehículos y sus sistemas de seguridad. El no tener a la Secretaría de Economía dentro del Sistema “estaríamos dejando fuera, a quienes representan el futuro del diseño del desarrollo tecnológico de la producción de vehículos en México”.

También, se incluyó la reserva del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) a los artículos 7 y 54 del dictamen que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que, en materia de los estándares de vehículos nuevos, se tomen como base los criterios internacionales y en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas.

Sandoval Ballesteros mencionó que la finalidad de la reserva es dar cumplimiento a los compromisos que tiene México en materia de comercio internacional y proteger los intereses nacionales. Al incluir, de manera expresa la garantía de no obstaculizar el comercio internacional.

Mencionó que la elaboración de reglamentos técnicos, entendidas como leyes, reglamentos o Normas Oficiales Mexicanas que establezcan aspectos técnicos, “deben asegurar que no tengan obstáculos; se requiere esa modificación para hacerlo congruente con los compromisos internacionales de los que México forma parte; se debe adaptar la ley a la realidad nacional e internacional”.  

Con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el país tendrá mejores elementos para hacer efectivo el derecho a la movilidad, además de que con el marco normativo se prevendrá la pérdida de 44 vidas que a diario provocaban siniestros viales, afirmó el presidente de la Comisión de Movilidad. diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg.

En declaraciones a la prensa, reconoció que hay muchos aspectos que mejorar de la ley, “una vez publicada es perfectible. Por ejemplo, en lo referente al seguro obligatorio para víctimas que quedó pendiente en la discusión, habrá que dialogarlo con mayor profundidad.

“El tema de las motocicletas tiene la oportunidad de ser discutido todavía, hay mucho trabajo que se puede realizar en favor de la seguridad vial. También hay una discusión sobre si se debe o no prohibir los dobles remolques”, subrayó.

Señaló que tocará a la comisión que preside, una vez publicada la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, perfeccionarla.

“Nos pusimos de acuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias. Es una ley que surge de la sociedad civil. El país con buena política se puede poner de acuerdo en las cosas importantes”, apuntó.

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