Aplicará Gobierno Terrorismo Fiscal en Combate a Facturación Falsa, PRD
octubre 15, 2019
El grupo del PRD en la Cámara de Diputados se manifestó en contra de la reforma a diversas leyes contra la facturación falsa, porque en realidad da paso a que el gobierno utilice el terrorismo fiscal de manera arbitraria e infame contra la ciudadanía.
No obstante, aclaró que ello no es contrario a la necesidad de combatir la defraudación fiscal contra el Estado Mexicano.
La coordinadora del GPPRD, Verónica Juárez Piña, calificó estos cambios como violatorios de la Constitución y los Derechos Humanos.
Enfatizó que el GPPRD apoya el procesamiento y sanción de cualquier individuo que, utilizando facturas falsas, trate de eludir el pago de los impuestos que todas y todos debemos aportar en beneficio del país.
Sin embargo, la reforma propuesta e impuesta por el gobierno, Morena y sus aliados violenta el principio constitucional de presunción de inocencia porque, por la pura sospecha de que alguien es evasor y sin garantía ni posibilidad de aclarar su situación, puede ser encarcelado y despojado de sus bienes.
Es decir, a quien esté bajo sospecha se le aplicará de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio.
“Lo hemos señalado en ocasiones anteriores: el respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, hasta que no se demuestre su culpabilidad y su responsabilidad”, puntualizó.
Empero, esta reforma tramposamente “da la vuelta” al artículo 19 de la Constitución y establece una nueva regla para normalizar la prisión preventiva, cuando ésta debiera ser excepcional.
Algo similar sucede en cuanto a la extinción de dominio que recientemente impuso el mismo grupo mayoritario en el Congreso de la Unión y que se aplicaría, en este caso, a los presuntos evasores, ya que el gobierno puede despojar de sus bienes a cualquiera bajo sospecha y venderlos antes de que sea declarado culpable o inocente, caso este último en el cual será el ciudadano quien, en todo caso, deberá demostrar que actuó de buena fe.
“Es menester indicar que, debido las características que quieren atribuirle a la defraudación fiscal, la persona procesada no podrá obtener una suspensión provisional de las medidas ni tampoco llegar a un acuerdo reparatorio, que le posibilite regularizar su situación. Esto es, el ciudadano se encuentra en total indefensión”, advirtió la líder perredista.
Adicionalmente –continuó-, al considerarse la defraudación fiscal una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno podrá intervenir comunicaciones privadas, solicitar el encarcelamiento de los presuntos responsables, despojarlos de sus bienes y esconder la información.
Es decir, es la arbitrariedad y la infamia que, a manera de terrorismo fiscal, aplica el gobierno contra los ciudadanos.
Juárez Piña reconoció que el gobierno tiene problemas de recaudación, entre otras causas, por la misma crisis económica que el gobierno niega, pero esta reforma no hace más que ahuyentar la inversión nacional y extranjera que dificulta la superación de esa crisis y el consiguiente pago de contribuciones.
