martes, mayo 26, 2020

Claudia Villegas

Claudia Villegas

Lavado de dinero, la agenda pendiente; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Será a más tardar en marzo de este año cuando se realice la cuarta ronda de evaluación de las medidas contra el lavado de dinero en circuitos financieros y empresariales que aplica México y que serán evaluadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el esfuerzo multilateral creado por el G7 en 1989 para impulsar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales. En 2014, el GAFI consideró que México había concretado avances sustanciales en las medidas para el control de actividades ilícitas vinculadas con el ocultamiento del origen de dinero sucio. Ahora, sin embargo, las noticias podrían ser desalentadoras. Hace apenas algunos meses se dio a conocer la investigación binacional sobre las actividades ilícitas que habrían desarrollado accionistas de Investabank, la institución que dirige Enrique Vilatela. El caso, sin embargo, es sólo una pequeña muestra de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos y que involucran a intermediarios financieros y a supuestos empresarios. El problema es que aquí la banca no puede ser inculpada directamente en transacciones de blanqueo de capitales. Se le sanciona, se le advierte pero no es posible retirar una licencia bancaria u obligarle en el mejor de los casos a cerrar operaciones riesgosas. Se trata de serias lagunas jurídicas que no son casuales, sino resultado de un intenso cabildeo para dejar sin dientes las leyes contra el blanqueo de capitales, según la versión de un alto ex funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Entonces, el panorama es desalentador. También perdemos soberanía en materia de persecución de delitos financieros y son otros países y sus gobiernos los que presumen los logros y es México a través de sus instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el que proporciona la información porque se han firmado los acuerdos del GAFI. Un círculo vicioso para la imagen del país que, además, impide recuperar recursos resultado del crimen organizado y cuya entrega se negocia en tribunales estadunidenses como ha sucedido en los juicios de varios capos de la droga que han sido extraditados.
Por cierto, fue el FinCen, el organismo del Departamento del Tesoro de EU, que se encarga de perseguir los delitos financieros en ese país acaba de sancionar a Western Union con una multa por más de 185 millones de dólares. Si bien la investigación se remonta a 2012, la resolución del caso llega en un momento clave para el gobierno de Donald Trump que ha puesto en tela de juicio todos los ingresos que llegan a la economía mexicana y que, en su opinión, son resultado de una injusta e inequitativa relación comercial y económica con nuestro país. Por cierto, instituciones de crédito como Banamex –CITIBANK decidieron salir del negocio de las remesas para evitar, precisamente, cuestionamientos del FinCen sobre el manejo de los reportes sobre operaciones sospechosas.
Oceanografía, en fase de quiebra
Resulta que la compañía de Armando Yáñez se encuentra ya en etapa de quiebra, Los acreedores de la empresa que llegó a ubicarse como el principal contratista de Pemex en servicios marítimos ya se están organizando para lograr una bancarrota ordenada y sobre todo rápida mientras otros buscan liberar activos que fueron asegurados de manera equivocada por la PGR que encabeza Raúl Cervantes Andrade, quien ahora se concentra en la recuperación de bienes vinculados con los fraudes del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Hasta ahora, sobre las remesas que envían los migrantes a territorio nacional, Trump no se ha pronunciado pero la sanción a Western Union constituye un golpe seco a estos recursos.
La investigación a Western Union de los expertos del Departamento del Tesoro concluye que este intermediario violó los requisitos contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario al no ejecutar de manera oportuna y mantener un programa que previera el ingreso de efectivo sucio basado en riesgo. Western Union tampoco habría presentado los indispensables reportes de operaciones sospechosas. En México, los bancos y los intermediarios financieros no bancarios tienen la obligación de presentarlos. La diferencia es que al no presentarlos no se enfrentan a los graves problemas económicos y regulatorios que el Departamento del Tesoro impone a los intermediarios que operan bajo su regulación.
Pero volviendo al caso de Western Union, la empresa que ha mantenido una larga relación con varios bancos que operan en México, aceptó que sus sistemas sí enfrentaron deficiencias en sus controles anti lavado de dinero en la relación de envíos y transferencias a países como México. Western Union opera más de 500,000 oficinas en 200 países y territorios de todo el mundo. Como empresa de servicios monetarios, Western Union está obligada por las leyes estadounidenses a establecer mecanismos para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el Departamento del Tesoro encontró que Western Union no cumplió con las medidas para detectar dinero sucio en sus circuitos.
Según las investigaciones del Departamento del Tesoro, desde 2012, a Western Union se le detectaron operaciones que debió consignar como operaciones sospechosas y rara vez consignó ante las autoridades los reportes correspondientes. ¿Hasta ahora se sanciona a Western Union? Extraño. El intermediario, según las autoridades estadounidenses, también retrasó –de manera innecesaria– la información que resultaba crítica para la detección y prevención del financiamiento ilícito.
Ahora, bajo el velo de una prevención oportuna, podríamos ver medidas del gobierno de Trump que afectarán el envío de remesas.
El depósito de recursos de trabajadores migrantes en bancos europeos con presencia en el mercado mexicano se observaba como una opción para evitar la persecución de Trump. Ahora, sin embargo, la banca también será observada y vigilada para evitar que apoyen la transferencia de recursos de los migrantes. La Condusef que encabeza Mario Di Constanzo ya comenzó una campaña de apoyo y asesoría a los migrantes a través de pequeñas oficinas en los consulados de las principales regiones de la Unión Americana. El objetivo será evitar prácticas de pánico o irregulares que pongan en peligro el patrimonio de los paisanos.
Trump sabe que la migración, las remesas y el turismo son las grandes plataformas de salvamento de la economía mexicana y no dudará en ponerlas contra las cuerdas. Trump está dispuesto a establecer una política del miedo que beneficie en todo momento la inversión estadounidense.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

OTI reúne a los tiburones de la comunicación; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Foto: Cortesía OTI

Reflexión, diálogo y acción, pidió la Secretaría de General de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) a los representantes de las 31 empresas que conforman esta organización y que se reunieron en Miami en su tercer encuentro plenario.
Y vaya que son tiempos de reflexión para una industria que si bien se consolida como la generadora por excelencia de contenidos – lo que sucede, por cierto desde hace muchas décadas – también enfrenta nuevos retos no sólo tecnológicos, sino también políticos vinculados con el ejercicio de la democracia en una sociedad en la que producen contenidos, emplean a millones de personas y generan negocios para muchos proveedores. La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información son dos temas que, en el ámbito informativo y periodístico, también preocupan a la OTI.
No es gratuito, por lo tanto, que – durante esta reunión – el panel Nuevas Políticas Migratorias, moderado por el periodista español Juan Luis Cebrián, se convirtiera en uno de los grandes puntos de atención del cónclave de empresarios, comunicadores, abogados y académicos.
Quienes han estudiado la evolución de la televisión en Iberoamérica no pueden ignorar la influencia de la OTI en la región que ahora expande su influencia y análisis a las telecomunicaciones que convergen plenamente en su operación. Aún, más, expertos reunidos en Miami coincidieron en la responsabilidad de esta organización y de sus equipos editoriales en la comprobación y contrastación de contenidos informativos, un aspecto que no se está cubriendo, en muchas ocasiones, en el mundo de las redes sociales y en la era de las multiplataformas. Este año, la OTI opera bajo la presidencia de Emilio Azcárraga y la Secretaría General está a cargo del abogado Javier Tejado.
Con una cobertura de 900 millones de personas, el resurgimiento de la OTI, de acuerdo con la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, contribuirá a la defensa de la libertad de expresión y al fortalecimiento de la institucionalidad en un momento clave para la protección de derechos humanos esenciales. Freedom House y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) son algunas de las organizaciones con las cuales trabajará la OTI en el fortalecimiento de la libertad de expresión.
La OTI está integrada por 31 empresas que representan a 22 países de Iberoamérica y Estados Unidos que producen contenidos en español y portugués. Los integrantes de la OTI participan en un mercado que aporta anualmente al menos 127 mil millones de dólares. Nada mal.
Los trabajos de esta tercera reunión tuvieron como sede el Centro de Noticias Univision en la Ciudad de Miami. Allí estuvieron los tiburones de la comunicación como Cesar Conde de Telemunco; de Univision, Randy Falco; de Grupo Clarín, Jorge Carlos Rendo; de Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián; de RCN, Gabriel Reyes; de Grupo Caracol, Jorge Martínez de León; de TV Azteca, Benjamín Salinas; y de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, quien, por cierto, se integró a esta reunión en el primer año de operación de la tercera televisora abierta en el país. Televisa, como puede usted leer, fue un buen anfitrión de los CEOs de empresas competidoras. También estuvo presente de DirecTV, Jeff McElfresh; y de la SIP, Matthew Sanders. El canciller Luis Videgaray participó como invitado especial en la reunión de la OTI en donde se manifestó la preocupación de sus integrantes por la situación social y política y Venezuela. El canciller no perdió la oportunidad de convivir con los tiburones de la comunicación en Iberoamérica. Así que nos queda estar pendientes de cada paso que dé la OTI.
Sanción para un Bad Juez
Y como se lo adelantamos aquí, el Juez Felipe Consuelo Soto fue suspendido por el Consejo de la Judicatura por omisiones y fallas en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Son muchos los muertos en el clóset y las cuentas pendientes que dejó el proceso de concurso de deudas del cual era responsable. Bueno, pues por el mismo camino se ubica ya el concurso mercantil de Oceanografía. Una vez más le adelantamos que en este caso Consuelo Soto ya acumula muchas quejas de acreedores y trabajadores. El punto fue que Consuelo Soto complicó tanto el proceso que se desdibujó la legítima propiedad de arrendadores de barcos que sólo ofrecían un servicio a Amado Yáñez. Lo mismo sucedió con los derechos de los trabajadores.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx
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KIA: calladita se ve más bonita; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Foto: Especial

La armadora KIA ya se ubica entre las primeras 10 empresas automotrices del país. Así, los inversionistas coreanos que protagonizaron uno de los escarceos con el gobierno de Nuevo León más graves para un inversionista extranjero se alistan para apuntalar las bases de su proyecto para México.

Foto: Especial
Foto: Especial

Como ya se ha dado a conocer, KIA se comprometió con el gobernador Jaime Rodríguez a no revelar los términos del acuerdo firmado para que la armadora coreana mantenga sus inversiones en el estado. Sin embargo, ya se sabe que habrá incentivos fiscales y de apoyo para la armadora que está exportando vehículos desde México y que se prepara a lanzar nuevos modelos.

KIA, que aquí dirige Horacio Chávez, también se prepara a participar en los frentes comunes de la industria automotriz frente al probable ataque del gobierno de Donald Trump. Para KIA el escenario podría complicarse porque la armadora cumple dos condiciones que parecen irritar al presidente electo de los Estados Unidos. Invirtió en México y su capital es asiático, los dos polos que ha usado en sus discursos para alimentar el odio globalifóbico y anti-migrante.

Pero volviendo al tema de los incentivos, Horacio Chávez – el ejecutivo mexicano que hoy es el puente entre el capital coreano y las autoridades mexicanas – se siente satisfecho con el nivel de reconocimiento de marca que ya tiene la armadora en el mercado mexicano.

Más fraudes de Duarte. Al ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, le lloverán demandas no sólo del gobierno federal, sino de empresarios que sin deber ni temer están ahora involucrados en la red de corrupción y desvío de fondos que desarrolló para llevar dinero a sus cuentas. Ya las autoridades están sobre la pista del daño patrimonial y moral que causó Duarte a muchos empresarios quienes igual que la prensa vivían un ambiente de terror e intimidación. Duarte desarrolló estrategias para favorecer a amigos y familiares mientras orilló a empresarios de gran historia en la región a dejar sus negocios y hasta emigrar del estado. Ya habrá noticias.

Oleada de ajustes al PIB. Los mexicanos tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos. La situación de la economía podría complicarse en 2017. Las corredurías y casas de bolsa ya ajustan sus pronósticos de crecimiento debido a los problemas que podría enfrentar la relación de la economía mexicana con la estadunidense. Invex, por ejemplo, señala que el panorama para la economía se ha vuelto más complejo tras el proceso electoral llevado a cabo en Estados Unidos y su posible resultado. Se reconoce que todavía es difícil identificar los elementos que definirán la relación bilateral a partir de 2017, aunque incrementó el riesgo de que las políticas proteccionistas obstaculicen el comercio exterior y la inversión extranjera. Por lo tanto, se redujo el rango de crecimiento para 2017a 1.5-2.0% y se espera uno de 2.2- 3.2% en 2018. Entre los riesgos a la baja destacan que la nueva administración estadunidense efectivamente implemente políticas proteccionistas, una reducción de las fuentes de financiamiento o la inversión extranjera y que persista el deterioro que se ha observado en los niveles de confianza de los consumidores e inversionistas.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

¿Precios que bajan? Sí…en telecomunicaciones; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Este mes en el presupuesto mensual familiar se registró un incremento de al menos 27% ciento en su factura del servicio de energía eléctrica; y qué decir de la factura de la gasolina que aumentó al menos 15% y aún no concluye su espiral de incrementos. Por ello, resulta relevante el anuncio de la compañía Izzi en donde el ex banquero Adolfo Lago se encuentra a cargo de las estrategias de la empresa de telecomunicaciones del Grupo Televisa. Resulta que Izzi, empresa de servicios de banda ancha y telefonía, acaba de anunciar un ajuste en sus tarifas y una mejora sustancial en la velocidad de navegación que entrega a sus clientes de internet. Usted recuerda que después de ser la primera compañía de telecomunicaciones en ofrecer llamadas ilimitadas nacionales e internacionales a más de 90 países, así como una conexión de internet de 10 megas, ahora lanza un paquete que por 420 meses entrega 20 megas, además de mantener las llamadas ilimitadas. Pero más allá del anuncio de Izzi y de los beneficios para los consumidores, el hecho relevante que la competencia en el sector de las telecomunicaciones está rompiendo paradigmas. Por ejemplo, anote usted que en tres décadas el jugador dominante en este sector, Prodigy Infinitum, no había mejorado la velocidad de navegación en internet. Sin embargo, desde que llegó Izzi ha mejorado la calidad de sus servicios y ha ajustado sus precios en al menos cinco ocasiones. Buenas noticias para los consumidores
Golpea recorte de 10% a trabajadores de confianza
Fue apenas el 4 de diciembre de 2016 cuando el senador Joel Ayala Almedia, actual secretario general de la Federación de Sindicatos del Estado, aseguró que los derechos de esos trabajadores estaban garantizados. Al cierre del año pasado, la FSTSE también acordó un incremento salarial del 5.6% para burócratas que incluyó prestaciones económicas. El problema ahora, sin embargo, es que la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar estuvo acompañada del compromiso del gobierno federal de reducir hasta en un 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos federales de mando superior.
La medida incluye también prestaciones como vales para gasolina, despensa y alimentos. Y, al parecer, es aquí en donde comienzan los problemas pues en algunas dependencias el recorte afectaría los derechos de muchos trabajadores del Estado que no pueden considerarse mandos superiores. Vea usted el caso de trabajadores de confianza que ganan menos de 10,000 pesos y que perderían vales y otras prestaciones. Puede ser que Joel tenga blindados los derechos de los agremiados a esta base sindical pero los trabajadores de confianza en muchas dependencias sin grandes ingresos se encuentra en riesgo ante los ajustes que ordenó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para la alta burocracia, mientras tanto, el impacto de 10 por ciento no será significativo porque reciben vales de gasolina hasta por 10,000 pesos. Es como quitarle un pelo a un gato. Ante las quejas de algunas dependencias que observan en la medida contra trabajadores de confianza una bomba de tiempo y potenciales demandas porque reducir prestaciones equivale a atentar contra derechos adquiridos, temas muy sensibles en materia laboral n
Más gobernadores en la mira
Resulta que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria tienen a más gobernadores bajo la lupa de los investigadores fiscales. Las autoridades hacendarias indagan sobre las fortunas de otros políticos que podrían representar desvíos al Erario y un descalabro para las finanzas públicas
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Roku y la propiedad intelectual; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Foto tomada del Facebook de Roku.

A las empresas de televisión cable y televisión satelital, con importantes inversiones en el mercado, no les gustan “modelos de negocios” como el de la firma Roku, empresa privada fundada en Estados Unidos que generó una plataforma para descargar aplicaciones vía internet que ponen a disposición del consumidor millones de series, películas, documentales y todo tipo de contenidos.
A esta columnista, los responsables de relaciones públicas de Roku le aclararon que, bajo ninguna circunstancia, violan los derechos de autor o la propiedad intelectual; que ellos no y que, incluso, cuentan con mecanismos para bloquear los contenidos que no pagan derechos. Es más, le dijeron a esta columnista que, simplemente, esta reportera no entendía el negocio de Roku. Bueno, por cierto, tampoco los abogados que se quejan de la piratería de contenidos lo entienden. A Roku le favorece, dicen los directivos de relaciones públicas de la firma estadunidense, que el usuario use correctamente su plataforma y que no baje contenidos sin licencia. En fin, que Roku se deslinda si su servicio de streaming se utiliza para bajar contenidos que no pagan regalías a sus dueños. Ese, dicen, no es su problema. Muy bien. Pero el conflicto existe porque la controversia no se hará esperar pues si bien Roku asegura que protege los derechos de autor y la propiedad intelectual, tendrá que dejar claro que su sistema no permite la piratería de canales porque cada casa productora tiene sus propias políticas y esas no se están respetando violando la propiedad intelectual en muchos casos. Por ejemplo, si Roku y su sistema de streaming tiene autorizado sólo un grupo de países, cómo se evitará que lo envíen a otros mercados. Todo es relativo en Roku. Es por esa razón porque su sistema tiene un gran problema de restricciones. Roku para proteger la propiedad intelectual tendría que generar un sistema parecido a lo que sucede con las consolas de videojuegos que bloquean los contenidos por regiones. Así queda claro que todo mundo quiere estar en Internet y pagar cada vez menos por contenidos. Netflix, sin embargo, sigue invirtiendo en derechos de las series que integra a su interfaz porque tiene un claro interés de fortalecer su marca. Por ahora, por cierto, descarta ofrecer transmisión de eventos deportivos que, por cierto, son el rey de los contenidos. Veamos las cifras de Televisa, el principal jugador en el mercado de los contenidos y la televisión abierta:
De marzo a la fecha, de acuerdo con cifras de Nielsen-IBOPE, Televisa ha ganado en las preferencias a su principal competencia en los cuatro últimos duelos eliminatorios que ha sostenido la Selección Mexicana contra Costa Rica, Trinidad y Tobago, Honduras y EU. La tendencia va en ascenso y en el encuentro contra Trinidad y Tobago la televisora que preside Azcárraga Jean superó a TV Azteca por 36.4%, en el del pasado domingo contra EU, la diferencia se agrandó y alcanzó un 49% con respecto a la televisora del Ajusco. Otro ejemplo, la transmisión del partido del equipo Guadalajara se convirtió en uno de los eventos más vistos.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx
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Red compartida y la bienvenida al capital chino; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Fue en 2014 cuando reporté que, como sucede en el sector petrolero, poderosos intereses observaban el desenlace de las batallas que tienen lugar en el mercado mexicano en sectores estratégicos y regulados. Y no sólo se trata de los proveedores de equipos, tecnologías y soluciones en el sector de las telecomunicaciones que provienen de Estados Unidos y Canadá sino que en Europa y Asia también cuentan con sus propias alternativas para el mercado mexicano. Ahora, los gobiernos que consideran a las telecomunicaciones como un recurso estratégico y vinculado, por supuesto, con la seguridad nacional, también esperan definiciones de los cambios que involucran la participación de la inversión privada.
Para empresas como Motorola, por ejemplo, que no sólo invierte en el sector maquilador en la frontera norte del país desarrollando dispositivos móviles sino que se ubica estratégicamente, por parte del gobierno de Estados Unidos como un jugador clave para la venta de equipos en el marco de iniciativas binacionales como el Plan Mérida, la situación y administración del espectro radioeléctrico resulta clave para sus negocios. México, Estados Unidos y Canadá —como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)— han acordado ciertos estándares que les permiten homologar tecnologías y uso de equipo en las frecuencias disponibles. Así que éste será un tema relevante en las negociaciones con Donald Trump. No sucede lo mismo con los proveedores de equipo para telecomunicaciones europeos y asiáticos. Por ello, la presencia de Telefónica de España en México y toda América Latina resulta estratégica; se trata, por supuesto, de un equilibrio de fuerzas desde la trinchera del sector privado. Por ello, resultaba prioritario cerrar el paso a los asiáticos en cualquier proyecto vinculado con el manejo del espectro radioeléctrico. Hasta el año pasado, la relación tan cercana de México con Estados Unidos justificaba cualquier boicot formal o informal a la presencia de capital asiático en territorio nacional. Podemos citar el caso de Dragon Mart y de las inversiones en Cabo Pulmo, Baja California. Ahora, sin embargo, tenemos presencia asiática en el sector de las telecomunicaciones a través del Consorcio Altán con el Fondo México-China y podría convertirse en una circunstancia incómoda para el gobierno de Estados Unidos. Motorola, por ejemplo, ha sido el principal proveedor de equipo de la Secretaría de la Defensa y abrir su tecnología no resulta muy conveniente.
Fue por ello que, en su momento, la negociación de la reforma secundaria para el sector de las telecomunicaciones se observó con un enfoque geopolítico más allá de la preocupación de muchos legisladores respecto a prácticas monopólicas o de influencia política.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Roku confirma vulnerabilidad ante piratería; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Fue hace más de dos semanas cuando le informé en este espacio que la compañía estadunidense Roku enfrentaría problemas en el mercado mexicano debido a que su plataforma para bajar contenidos vía internet (streaming) presentaba serios conflictos para la protección de derechos y licencias. En otras palabras, que la propiedad intelectual de los contenidos que se obtienen a través de Roku no está garantizada. El área de Relaciones Públicas de Roku se puso en contacto conmigo para decirme que yo no entendía el negocio de la empresa y que, por supuesto, no tenían problemas de piratería de contenidos.
Ahora, leo en otros medios que directivos de Roku aceptan que su plataforma sí puede ser vulnerable ante personas que se dedican a robar contenidos. Muy grave. ¿Cómo garantiza Roku la legalidad de su servicio? ¿Cómo protege a sus clientes? No hay muchas respuestas. Lo cierto es que ahora la empresa Cablevisión obtuvo de un juez un recurso de suspensión para evitar que los dispositivos de Roku se vendan en el mercado mexicano. También, me entero, se suspende el pago para contratar servicios de Roku a través de medios electrónicos utilizando tiendas de conveniencia y mediante la plataforma de una SAPI, que es un intermediario financiero no regulado. En otras palabras, resulta que enarbolando las posibilidades de la tecnología y el Internet, Roku quiere defender su plataforma a toda costa a pesar de que muchos hilos de legalidad se encuentran sueltos. Colegas periodistas ahora destacan otro filón informativo: ¿Qué sucede con toda la información que se libera para “comprar” los contenidos de Roku? ¿Quién resguarda los datos bancarios? ¿La información en línea? Suponiendo sin conceder – como dicen los abogados – que Roku se desarrolle sin cometer ilícitos y que sean los piratas los que aprovechan las bondades de su sistema, cómo entonces se protege al usuario. ¿Qué opina la Profeco respecto a este tema en donde no habrá responsables y sí muchos perjuicios?
Oceanografía, siguen las pérdidas
Si usted o la empresa en la que trabaja tuvo la mala suerte de ser parte del grupo de acreedores de Oceanografía, tendrá que observar las resoluciones que se están tomando en la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a los activos que quedaron comprometidos durante el proceso de quiebra de la empresa que ofrecía servicios navieros a Pemex.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

¿Quién declarará en EU su amor por México?; opinión de Claudia Villegas en Crónica

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En Estados Unidos, la Ley para el Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas en inglés), podría convertirse en una peligrosa herramienta de persecución de empresas estadunidenses que decidan representar al gobierno mexicano en temas estratégicos en la defensa de áreas como migración, libre comercio, promoción del turismo e impuestos. Nada más.
El gobierno de Donald Trump, sin embargo, tiene un mal antecedente que podría restarle presión a los proveedores del gobierno mexicano. Resulta que ex senadores estadunidenses como Jason Abel, alertaron de las violaciones a esta legislación con la participación de Paul Manafort, en la campaña de Trump. Manafort pasó muchos años de su vida profesional en Ucrania en donde desarrolló una cercana relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El FBI ya investiga a Manafort y se confirmaría que la Legislación para el Registro de Agentes Extranjero simplemente no se respetó porque el jefe de campaña de Donald Trump no reveló sus vínculos en Ucrania y Rusia. Mientras eso sucede, cualquier asesor del gobierno mexicano tendrá mucho cuidado en revelar que han aceptado contratos para realizar funciones de cabildeo.
Uno de los contratos más relevantes de una empresa estadounidense que asesoró al gobierno mexicano fue el que reveló ante el Departamento de Justicia, la compañía APCO Worldwide, con sede en Washington. Apco hizo una revelación de servicios para la Oficina de la Presidencia de la República que tuvieron como vínculo en México a la compañía Nodo Research que preside Luis Woldenberg Karakowsky y en la que participa como accionista un ex colaborador del área de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República, Édgar Cuevas Echaide. Lo interesante de este contrato fue que el ex gobernador Bill Richardson y promotor de la reforma energética, era accionista de APCO. Hasta ahora, una revisión de los contratos de cabildeo registrados ante el FARA revela que, después de la toma de posesión de Trump, nadie se ha a atrevido a declarar abiertamente su cercanía con el gobierno mexicano. Promulgada en 1938, FARA obliga a una revelación puntual de las representaciones para lobbying a favor de gobiernos extranjeros.
En el Congreso también se pide que las compañías mexicanas informen sus aportaciones a partidos. Así que FARA va más allá de la simple percepción y simpatía por causas mexicanas. La Secretaría de Economía ha contratado agencias como Public Strategies que opera en Washington; la Embajada de México en Estados Unidos ha cerrado contratos con las firmas Raben Group y Kuykendall & Associates para establecer comunicación efectiva con congresistas.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Fibraplus, la apuesta inmobiliaria de Tomé; columna de Claudia Villegas en Crónica

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Imagen tomada de: fibraplus.mx

Gustavo Tomé es uno de esos jóvenes empresarios que heredó una gran fortuna pero que, a grandes zancadas, está participando en sectores con gran potencial de crecimiento, rendimiento y plusvalía sin olvidar los procesos de innovación y análisis geopolítico. Debo confesar que no había escuchado de sus negocios; lo conocí hace algunos días en un evento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Me enteré por un perfil publicado en el sitio de la revista Fortbes, mientras lo escuchaba hablando de la nueva emisión de su Fibraplus (dedicada al segmento inmobiliario), que su fortuna proviene del sector textil; que participa en el negocio de fondos de Venture Capital y que está incursionando en el sector bancario. En la BMV, Fibraplus –la Fibra del grupo de Gustavo Tomé– obtuvo poco más de 1,500 millones de pesos. Las Afores participaron activamente en esta emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios que promete a sus inversionistas compartir la plusvalía de las inversiones en proyectos de oficinas y centros comerciales. Tomé asegura que, a pesar de que el portafolios de inversión de las Afores suma ya 15,000 millones de dólares, el sector inmobiliario en áreas corporativas y comerciales no registra una saturación.
Doble remolque, intereses con nombre. A partir de un accidente automovilístico que le costó la vida a un joven en la carretera México-Cuernavaca, un grupo de ciudadanos buscan cambios radicales en la legislación y reglamentación del llamado doble remolque con el que circulan millones de camiones en todas las carreteras del país.
La intención es prohibir el doble remolque que resta estabilidad e incrementa el riesgo de que unidades extremadamente pesadas circulen en las carreteras. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en el Poder Legislativo tienen la última palabra. Sin embargo, el cabildeo ha sido intenso y, hasta ahora, se registra muy poca voluntad política de la SCT para modificar reglamentos y la Ley de Pesos y Dimensiones. La lucha social para impedir que los camiones de grandes dimensiones sigan circulando por las carreteras ha puesto de manifiesto que la corrupción domina este sector en donde lo más importante es la influencia de la empresa que opera grandes flotillas para transportar sus productos.
Nafin, bono verde. El banco de desarrollo que encabeza Jack Rogozinski está impulsando los proyectos sustentables. En agosto de 2016 se colocó un bono verde que le permitió obtener más de 2,000 mdp a una tasa de 6.05%, tres puntos base por arriba de los bonos del gobierno federal, lo que representó un mensaje de confianza en las estrategias de financiamiento de Nafin en energías renovables.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

¿Por qué el IFT debe acelerar licitaciones en banda de 2.5 GHz?; columna de Claudia Villegas

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Foto tomada del facebook del Ifetel.

Ahora que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió autorizar que Telcel adquiera 60 Megahertz (MHz) de la banda 2.5 Gigahertz (GHz) que, originalmente, fueron concesionados al Grupo MVS de la familia Vargas, los responsables de ese organismo regulador tienen a cuestas la responsabilidad de acelerar la licitación de las frecuencias restantes en ese segmento.
Como usted recuerda, la banda 2.5 GHz originalmente estaba destinada para servicios de televisión y audio restringido. Sin embargo, al conocer su valor e importancia, la Comisión Federal de Competencia recomendó en 1999 abrir sus usos al mercado de datos y telefonía. Una joya.
Por ello, ahora que 60 MHz de esta banda se van a los activos de Telcel, el IFT tiene que acelerar la licitación de los recursos disponibles para la competencia que aún quedan en el espacio de los 2.5 GHz. Sólo de esa forma, el IFT que encabeza Gabriel Contreras podría, en este caso, volver a cumplir el mandato conferido de manera constitucional de promover la competencia y la generación de un terreno competitivo equilibrado entre operadores. Le comento lo anterior porque resulta que en uno de los momentos de mayor demanda de servicios de internet para dispositivos móviles, el IFT aprobó esta concentración de Telcel, con lo cual el gigante de la telefonía inalámbrica reforzaría su posición como actor preponderante en el mercado de telecomunicaciones. Si el IFT no acelera la licitación, entonces no sólo dará a Telcel y su controladora más espectro sino un tiempo clave para aventajar a sus competidores.
¿Me pregunto si la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hubiera aprobado tal concentración? Ya sé, ya sé, que el organismo que encabeza Alejandra Palacios no se ocupa de las telecomunicaciones, me lo han explicado varias veces. Sin embargo, con las resoluciones tan importantes que la Cofece ha alcanzado en el sector financiero recientemente, sin detenerse ante el tamaño de los intermediarios afectados o las implicaciones políticos, tuve la tentación de preguntarme si en materia de competencia y equilibrios en el mercado de las telecomunicaciones, el IFT está haciendo un buen trabajo. Dicen en muchos círculos empresariales y sociales que la Cofece sí está protegiendo los intereses de los consumidores. Además, su comunicación con medios y actores involucrados ha resultado impecable. Pero volviendo a la banda de los 2.5 Gigahertz y al IFT, los participantes en este sector que compiten en este mercado han solicitado a los reguladores que aceleren la licitación de las frecuencias restantes de la banda 2.5 GHz pero que también establezca en dicho proceso los mecanismos necesarios para evitar que el participante preponderante (Telmex, por supuesto) continúe con la concentración de una mayor cantidad de espectro radioeléctrico, con lo que tendría mayores ventajas competitivas que impiden el desarrollo y libre concurrencia para sus rivales comerciales. Eso dicen ellos, los competidores de Telmex.
claudiavillegas@revistafortuna.com.mx