Aplicar IVA a Comercio Electrónico, Propone Ramírez Cuéllar

Aplicar IVA a Comercio Electrónico, Propone Ramírez Cuéllar

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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que toda prestación de servicios a través de una plataforma digital cause el IVA en territorio nacional.

Asimismo, se propone un mecanismo de retención, el cual recae en principio, en las personas físicas o morales que reciban los servicios suministrados. No obstante, para llevar a cabo una recaudación efectiva se propone que las instituciones integrantes del sistema financiero sean las responsables solidarias de recaudar el impuesto y enterarlo al fisco federal.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, dio a conocer lo anterior y precisó que la retención del IVA es un mecanismo que tiene como finalidad evitar que aquellos sectores de difícil fiscalización trasladen el impuesto, lo reciban y no lo enteren al fisco federal.

Adicionalmente, de acuerdo con la iniciativa, se establece una opción para que los residentes en el extranjero que prestan servicios en territorio nacional a través de dichas plataformas puedan pagar el IVA correspondiente cuando cumplan los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria para ello, en cuyo caso no les aplicará la retención.

La propuesta va encaminada a que los residentes en el extranjero que hoy en día prestan sus servicios en territorio nacional paguen el IVA por todos los servicios que ofrecen a los consumidores mexicanos.

Esto quiere decir que no se está estableciendo ningún impuesto nuevo ni se está aumentando la tasa de ningún tributo. Es decir, simplemente se está creando un mecanismo para que las empresas extranjeras paguen el impuesto al consumo adeudado en territorio nacional.

De acuerdo con el documento, en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento en los últimos seis años, cifra que resulta atractiva para inversionistas a nivel mundial.

Este crecimiento ha logrado posicionar a México como uno de los principales mercados de este tipo en Latinoamérica, pasando del lugar 35 al 19 dentro del ranking mundial.

La Asociación Mexicana de Ventas Online, estima que el valor del mercado del comercio electrónico en México en 2016 fue de 329 mil millones de pesos en 2016 y que 6 de cada 10 compradores realiza compras a sitios de internet o aplicaciones extranjeras.

Asimismo, en el “Estudio sobre el Comercio Electrónico en México 2018” realizado por la Asociación de Internet de México, indica que a junio de 2018 este tipo de negocios tienen un valor de 467 mil millones de pesos.

La práctica del comercio electrónico fue regulada por primera vez en México el 29 de mayo de 2000, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de reformas a distintos ordenamientos encaminadas a regularizar la celebración de contratos por medios electrónicos y cuya base jurídica fue la Ley Modelo del Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional.

Fue así que se modificaron el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el Código Penal Federal.

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los modelos de negocio han cambiado, lo que ha permitido que las empresas puedan enajenar sus productos y prestar sus servicios en cualquier parte del mundo a través de un sitio en Internet o de una plataforma digital, incluso sin contar con activos, personal, infraestructura.

Los retos que ha traído la digitalización de la economía en la tributación fueron identificados en el proyecto de la OCDE y del Grupo de los 20 (G20) denominado Plan contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés). En su Acción 1, el proyecto BEPS concluyó que toda la economía se estaba digitalizando y, por lo tanto, sería muy difícil, incluso imposible, implementar medidas dirigidas exclusivamente a la economía digital.

En el caso de los impuestos directos como el impuesto sobre la renta (ISR), el proyecto BEPS afirma que la digitalización puede exacerbar las oportunidades para la elusión y la evasión fiscal.

Además, se planteó la interrogante de cómo fiscalizar y atribuir los ingresos generados en operaciones multinacionales en la era digital a las jurisdicciones en las que dichas operaciones tienen injerencia.

Lo anterior, debido a que hoy en día los consumidores de los servicios digitales erogan miles de millones de pesos anuales y, sin embargo, en la mayoría de los casos, los proveedores de estos servicios no pagan impuestos en el país en el que residen sus consumidores.

La comunidad internacional ha discutido ampliamente un sinnúmero de potenciales soluciones: modificar las reglas de tributación internacional, principalmente las de nexo y atribución de beneficios.

La regla de nexo se modificaría para que la presencia física en una jurisdicción deje de ser un requisito para fiscalizar los ingresos de un proveedor extranjero, sin establecimiento permanente en el país de donde proviene el ingreso, mediante la implementación de un concepto novedoso de presencia significativa que se adecue a la transformación de la economía.

La regla de atribución de beneficios se modificaría para determinar la cantidad de utilidades que serán sujetas a un nuevo derecho de imposición de los países basado, potencialmente, en el número de usuarios ahí ubicados y o en el monto de los ingresos provenientes del país respectivo.

 

Adicionalmente, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) analiza una segunda alternativa denominada “Globe” (por sus siglas en inglés de Global anti-base erosion proposal –Propuesta global contra la erosión de la base) que pone a consideración de cada país determinar, dentro de su sistema tributario, la solución para fiscalizar a la economía digital mediante la limitación de las deducciones a pagos realizados al extranjero.

 

A pesar de la existencia de diversas propuestas, la realidad es que la Comunidad Internacional no ha logrado alcanzar consensos respecto de una solución para el problema de la economía digital, cuando menos por lo que hace a los impuestos directos como el ISR.

Incluso, el 31 de mayo de 2019 la OCDE publicó el “Programa de Trabajo para Desarrollar una Solución Consensuada a los Retos Tributarios Originados por la Digitalización de la Economía” a través del cual se estableció como meta alcanzar una solución para 2020.

Sobre estas bases, por lo que hace a los impuestos directos no existe una solución mundial consensuada para fiscalizar legal y eficazmente a la economía digital.

Máxime que México debe ser respetuoso de los convenios para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal que ha suscrito con otros países, los cuales no pueden ser ignorados en aras de encontrar una solución para fiscalizar a la economía digital.

En el caso de los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), la comunidad internacional ha reconocido el nuevo reto relacionado a la recaudación del impuesto derivado de la enorme cantidad de bienes y servicios que los consumidores adquieren o reciben “en línea” por parte de proveedores extranjeros sin presencia física en el país donde reside el consumidor.

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