Aprueban en lo General Reformas a la Ley Federal del Trabajo

Tal como lo exige Estados Unidos para firmar un nuevo acuerdo comercial, el gobierno de México dio el primer paso para establecer en el país una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyos objetivos son terminar con los contratos de protección –acuerdo entre el líder sindical y el patrón, sin el conocimiento de los trabajadores-, la elección de la dirigencia del gremio mediante una votación personal, libre, directo y secreto y la trasparencia en el manejo de los recursos de los sindicatos.

En esta ocasión, correspondió a la Cámara de Diputados aprobar el lo general el dictamen de las leyes secundarias de la reforma laboral, aprobada en 2017, y en la cual se establece un procedimiento para garantizar que los trabajadores conozcan y aprueben el contenido de los acuerdos negociados por su sindicato previo a que éste sea depositado y aprobado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El dictamen también establece que los Contratos Colectivos de Trabajo serán revisados al menos una vez durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la legislación.

Otro punto que se establece en el documento aprobado por los diputados es la libertad de los trabajadores para afiliarse a un sindicato, federación o confederación, así como las características que deberán salvaguardar en los procesos de elección de las directivas sindicales, incluyendo procedimiento de elección mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.

Se establece un sistema de verificación por la autoridad registral de los procesos de elección de directivas, señalando que podrán organizar la consulta a los trabajadores en caso de duda razonable sobre la veracidad de los documentos presentados.

En cuanto a la justicia laboral, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual dependerá del poder judicial. Dispone que los tribunales de este poder de la federación o de los tribunales de las entidades federativas conocerán y resolverán los conflictos de trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones.

En este punto los patrones y obreros estuvieron en contra porque se acaba el régimen tripartita que había en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

El dictamen, que pasará al Senado de la República para su análisis y votación, señala que la rendición de cuentas a la que está obligada la dirección sindical sobre del patrimonio de la organización. A fin de establecer que el informe semestral que se presente ante la asamblea deberá levantarse en actas y entregarse a la autoridad registral, así como a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su recepción.

En el documento se propone sanciones en caso de que no se entregue la información sobre la administración del patrimonio sindical, o bien, existan irregularidades en la gestión de los fondos sindicales.

Dichas sanciones se impondrán previo desahogo del procedimiento establecido en los estatutos de cada sindicato.

Sin perjuicio de tomar los anterior, los trabajadores conservarán la prerrogativa de acudir ante la autoridad registral para denunciar la omisión en la entrega de la información completa y detallada sobre la administración del patrimonio sindical.

4