Anuncias Morena Nueva Ley de Comunicación Social
septiembre 24, 2018
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció hoy que en la próxima administración federal se implementará un nuevo modelo de comunicación social de cara a los ciudadanos y anunciaron una nueva Ley General en la materia.
Aseguró que la actual Ley General de Comunicación Social, promulgada en mayo de 2018 y en vigor a partir del 1 de enero de 2019, no pone límites al gasto “excesivo y discrecional” de los gobiernos en propaganda oficial a través de medios de comunicación privados.
Jesús Ramírez Cuevas, designado como titular del área de Comunicación Social del próximo gobierno.
Jesús Ramírez Cuevas afirmó que se va a cambiar la política gubernamental en comunicación social, hacia “a una comunicación abierta, de cara a los ciudadanos, utilizando las nuevas tecnologías”.
Dijo que “la revolución ciudadana, esta rebelión civil que se dio el primero de julio…va a tener una expresión y desarrollo” durante los próximos años en la comunicación, con el cambio de gobierno, el desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y el creciente papel de las redes sociales.
Será un campo privilegiado para la construcción de consensos y defensa de los derechos de la población, pero, sobre todo, “la vigilancia del poder público y la fiscalización de las acciones legislativas y de gobierno … (y) frente a eso, los gobiernos futuros tienen que abrir sus puertas, sus oídos y sus ojos a los ciudadanos”, apuntó.
Ramírez Cuevas comentó que tradicionalmente se ha emitido un mensaje unilateral, del gobierno a los ciudadanos, “con la idea de construir un prestigio, un reconocimiento, un apoyo social…de una tradición no democrática, donde la verticalidad del mensaje es lo que hemos vivido”.
También señaló que “la forma de comunicación del poder público, a través de la publicidad, y la mercadotecnia vacía, han demostrado su ineficacia el primero de julio”.
Expuso que “ahora tenemos que construir formas de comunicación más democráticas, más integradoras, bidireccionales o multidireccionales. Pero el discurso y visión deben construirse en diálogo permanente con los actores y la ciudadanía”.
“No más comunicaciones de propaganda tradicional, sino de establecer comunicación real, explicar por qué se toman las decisiones, en qué contexto, cuáles son las opciones y, en medida de eso, ir construyendo ciudadanía”, añadió.
Aseguró que, “en la medida que la gente esté informada va a poder participar en los asuntos públicos y esa es la esencia de la democracia, el tipo de país al que debemos aspirar a construir”, que la población encuentre canales adecuados para ser escuchados, en lugar de que tomen plazas, carreteras u oficinas.
Anunció que las oficinas de comunicación prácticamente van a desaparecer como se conocen ahora, “se van a reducir a unos enlaces de comunicación”, preservando las fuentes y la especialización, “esa profesionalización que a lo largo del tiempo los periodistas han logrado en las fuentes”.
Los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo y Dolores Padierna Luna, así como el senador Salomón Jara Cruz (Morena), acusaron que los gobiernos utilizan el dinero público de la propaganda oficial para promover figuras y partidos políticos, incidir en líneas editoriales y ocultar la falta de resultados.
Los legisladores participaron en el inicio del primer foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, convocado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena).
Aseveraron la actual administración federal se rige bajo un modelo propagandístico que tolera el gasto “excesivo y discrecional” en publicidad, principalmente en medios informativos privados, y que quedó institucionalizado en la Ley General de Comunicación Social, “pero ya no funciona”.
“El reto que vamos a tener en esta Cámara y con esta nueva mayoría va a ser que tengamos una nueva ley, que soporte a la nueva realidad. Ya no podemos tener un marco legislativo que trate de sostener un modelo de comunicación y control político indirecto (sobre medios informativos) que se agotó”, manifestó Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“En este nuevo modelo tiene que combinarse el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación, democratizar los contenidos, poner un tope a la inversión del gobierno en materia de comunicación, promover los medios comunitarios e incluir una estrategia de Internet como vía de acceso a la información”, agregó.
El también coordinador de la bancada de Morena refirió que la Cámara de Diputados ha aprobado, de 2013 a 2018, en los diferentes presupuestos de egresos, un total de 21 mil 400 millones de pesos para propaganda oficial del actual gobierno federal.
Sin embargo, afirmó, el gobierno federal ha ejercido 41 mil 950 millones de pesos, “una diferencia de casi 100 por ciento entre lo que asigna la Cámara y lo que finalmente gasta el gobierno, y eso no se corrige en la Ley aprobada”.
“La Ley también permite que las campañas de comunicación, en contra de lo que dice la Constitución, tengan el objetivo de difusión de los logros de gobiernos para promover figuras y partidos políticos. También preocupa que no haya pluralismo ni apertura… y que los recursos se dediquen a los medios con mayor rating”, abundó.
“Lo que hace esta Ley es institucionalizar las malas prácticas, un sistema político perverso que compra líneas (editoriales) de comunicación”, añadió.
En posteriores declaraciones a prensa, el líder parlamentario informó que su bancada ya está trabajando en una iniciativa para “adecuar” dicha legislación, la cual podría ser presentada en el mes de octubre.
La diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, dijo que la cuarta transformación del país, “a la que nos ha convocado López Obrador, incluye un nuevo modelo de comunicación, con el fin de lograr la democratización del sistema de medios de comunicación en el país”.
Aseveró que “esta democratización no se podrá lograr sino transformando la situación actual del despilfarro del presupuesto público, dedicado a la publicidad de los gobernantes”.
“El dinero público (en los medios de comunicación) sólo ha servido para un control político y mediático. Su distribución ha sido discrecional, no hay fiscalización, no hay sanción y es un mero intercambio de favores”, agregó.
Señaló que el actual gobierno federal ha gastado más de 50 mil millones de pesos de recursos públicos en su promoción y “ese exceso…no mejoró la comunicación entre ciudadanos y gobernantes y, mucho menos, sirvió para mejorar la mala imagen de la clase política, que fue severamente castigada el pasado 1 de julio.
