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Conflictos de interés y un sistema que se alimenta constantemente de prácticas ilícitas son los grandes y principales frenos para luchar contra la corrupción.
Por estos obstáculos, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción y su respectiva legislación pueden fracasar. No se trata de una tarea fácil.
Hablamos de desmantelar el entramado de componendas, favores políticos, regulatorios y empresariales que sostienen un inmoral esquema de riqueza que genera desigualdad, pobreza, además de nuevas aristas vinculadas con crimen organizado. Palabras mayores.
Resulta, por ejemplo, que para esconder la entrega de recursos a políticos y funcionarios para el pago de favores “regulatorios” o para “ganar” una licitación, el movimiento de recursos no debe dejar rastro. Se genera, entonces, defraudación fiscal y lavado de dinero, dado el origen ilícito de la actividad que generó ese monto. Por eso la corrupción corrompe y genera retrocesos económicos y perjuicios para la sociedad. Vea usted el caso del socavón en el Paso Exprés en el estado de Morelos o las licitaciones amañadas que se descubrieron recientemente en el IMSS que dirige el abogado Mikel Arriola. Cada uno de estos casos de corrupción afectó a millones de mexicanos y les restó oportunidades para el futuro. En el caso del socavón, a dos mexicanos les costó la vida.
En Centro y Sudamérica nos es diferente. Nuestros vecinos al sur no tienen carreteras dignas, no hay transporte, se carece de fondos para combatir la pobreza y profundizar en modelos educativos que generen desarrollos tecnológicos. La única opción, para muchos, es la migración a Estados Unidos. Mientras tanto, se descubren cuentas bancarias expuestas en casos como los Panama Papers. La corrupción al rojo vivo.
Por eso, más allá del discurso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), preocupada por el flagelo de la corrupción en la región y el avance del lavado de dinero, ya toma cartas en el asunto desde hace más de una década. En Guatemala y en Honduras, por ejemplo, ya opera la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se trata de una entidad en la que investigadores del más alto nivel – casi siempre de otros países – colaboran con las autoridades locales en investigaciones que tienen como único objetivo luchar contra prácticas de corrupción. Respetando el debido proceso y siempre de la mano del Poder Judicial, en Guatemala y Honduras la Comisión Internacional contra la Impunidad, bajo la responsabilidad de la ONU, ya comienza a cosechar algunos triunfos muy contundentes. Por ejemplo, las nuevas licitaciones en estos países en temas de infraestructura se darán bajo grandes reflectores y la revelación de casos de corrupción dejará a muchos jugadores políticos y empresariales expuestos al escrutinio público. Lo mismo está sucediendo con los procesos electorales. ¿La clave de estos logros? Los investigadores designados por la ONU y los países que han aceptado este esquema son ajenos a los sistemas de corrupción, generalmente son extranjeros y están limpios de todo conflicto de interés. ¿Supranacional? Quizás para algunos puristas. Sin embargo, la ONU ha demostrado que en la lucha contra la corrupción muchos países no pueden solos. ¿México podrá?

claudiavillegas @revistafortuna.com.mx
Twitter@LaVilleghas1

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